La evolución del entorno económico del sector farmacéutico y el rol de los “stakeholders”
Es este un sector muy complejo en el que cada “stakeholder” tiene un rol diferente: el usuario del producto (cliente final) hasta ahora juega un papel irrelevante en la toma de decisiones; el prescriptor no participa de la toma de decisiones económicas; el Estado marca precios y decide la introducción de nuevos productos pero no participa en la facturación del medicamento; las Comunidades Autónomas pagan la factura con una clara diferenciación entre la receta farmacéutica (donde el margen comercial se comparte con distribuidor y oficina de farmacia);  y la farmacia hospitalaria se comporta como un producto consumible de almacenamiento.

Quienes se hacen cargo de las facturas (CCAA) tratarán de influir sobre el prescriptor para decantar un uso determinado (algoritmos), evitarán por todos los medios la sobreutilización (tasas moderadoras, desfinanciación), querrán influir sobre los precios y buscarán modelos de compra y distribución más ajustados e intervencionistas (subastas, compras centralizadas).

La industria farmacéutica deberá ajustar el  modelo actual de venta a lo que inexorablemente se va a producir como un cambio de paradigma para el que, bajo nuestro punto de vista, aún no está preparada.

Los cambios han afectado a toda la cadena de comercialización y venta de medicamentos,  tanto hospitalarios como extra hospitalarios, y a todos los actores del proceso: revisión de precios (precios de referencia), márgenes comerciales, limitaciones de prescripción (algoritmos e informes de posicionamiento terapéutico), subastas y centralización de compras, tasas y copagos, revisión del catálogo de productos financiables, etc.

En el momento actual se debate sobre alternativas para mejorar el acceso de las personas a la innovación terapéutica teniendo en cuenta los grandes avances científicos, la sostenibilidad del sistema sanitario en España y la disparidad de criterios en la financiación y distribución de estos fármacos en las distintas Comunidades Autónomas.  La crisis económica es la razón que se usa para restringir el acceso a estos tratamientos, lo que de alguna manera  atenta contra los derechos de los pacientes; puede poner en riesgo la salud pública y a veces puede no suponer un ahorro económico real.

Es un campo en el que están implicados profesionales clínicos, responsables de gestión farmacéutica, expertos en farmacoeconomía, evaluadores y decisores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  y de las Comunidades Autónomas, entre otros, además de los propios pacientes.

Una de las  oportunidades que se plantea  para mejorar ese acceso a la innovación terapéutica es trabajar en conjunción con todos los “stakeholders” un nuevo modelo de contratación de los productos farmacéuticos por parte de las administraciones públicas.

¿Cuál es la situación actual del gasto sanitario? ¿Cómo ha sido el proceso de reducción del presupuesto público y qué medidas han sido tomadas?
En la media de los países de la OCDE, el gasto sanitario supone en España el 9,6 % del PIB, concretamente, en 2012, 92.260 millones de euros. Ese mismo año, las Comunidades Autónomas  gestionaron 57.667 millones de euros, de los que el 17,6% correspondió a gasto de farmacia: 9.200 millones en gasto facturado por receta y aproximadamente 6.000 millones por el gasto en farmacia hospitalaria, lo que representa el 10,4%. En total, se trata de unos 15.000 millones de euros facturados a las Administraciones, ya sea a través de la oficina de farmacia o por compra directa en hospitales;  es decir, 1 de cada 4 euros gastados por las CCAA fue en farmacia.

Ante este panorama, ha sido una constante de la crisis económica en nuestro país el que las Administraciones realizaran un considerable esfuerzo por reducir el gasto público; esfuerzo del que no se ha escapado por su magnitud el gasto sanitario y por ende el farmacéutico. Las actividades y propuestas  realizadas han sido múltiples; entre ellas, las siguientes:

* Publicación de Guías Farmacológicas, algoritmos e informes de Posicionamiento Terapéutico.
* Central de Compras y Subastas.
* Disminución de precios y márgenes comerciales.
* Potenciación del uso de genéricos o precio menor.
* Establecimiento de precios de referencia.
* Desfinanciación de medicamentos de escaso valor terapéutico.
* Puesta en marcha de modelos de copago en sectores de población que antes no estaban incluidos.
* Pago de incentivos y modelos de autogestión en médicos prescriptores (EBAs), etc.

Desde el año 2011, se produce una inflexión en el gasto farmacéutico por receta alcanzando cifras de gasto inferiores a 2004 en el año 2013 (9.183 millones de euros), expresión de las diferentes medidas implantadas por  las CCAA y el Gobierno.

La caída del gasto por receta en el periodo 2009 a 2013 ha sido del 27%, lo que ha repercutido en una disminución drástica de los beneficios de toda la cadena que interviene en la comercialización del medicamento;  desde el laboratorio hasta la oficina de farmacia; y todo ello acompañado del retraso en los pagos por parte de la Administración y los costes añadidos que supone.

¿Cómo reaccionan las empresas y las Administraciones ante la nueva situación?
Los laboratorios farmacéuticos y empresas de productos para la Salud se ven abocadas a modificar su estructura de costes, resintiéndose así los gastos en I+D y de promoción del medicamento, así como a realizar una significativa reestructuración del sector, y todo ello acompañado de  signos de incertidumbre sobre un futuro cercano.

Desde la Administración se valora la importancia del gasto farmacéutico como elemento de influencia en la sostenibilidad del modelo (el gasto sanitario representa en torno al 40% del presupuesto de las CCAA, y de éste casi un tercio corresponde al gasto farmacéutico (1,5 euros de cada 10 se gasta en farmacia). Y  desde la industria se sabe que las relaciones con la Administración van a cambiar y se observa, con cierta e incertidumbre, la posibilidad de nuevas medidas que pueden afectar profundamente a la estructura actual de las empresas, muchas veces diseñadas para un escenario diferente.

Las empresas, por otro lado, demandan entre otras acciones que las barreras administrativas existentes todavía para el avance de la investigación y la innovación desaparezcan; el futuro de la industria farmacéutica está ligado a factores que van “más allá del producto”: investigación, modificación de relación con la práctica clínica…  Piden impulsar un cambio de modelo  y  activamente quieren tomar parte activa  de este nuevo  modelo y no sólo observar, esperando que los demás marquen el paso. Para este desarrollo es imprescindible la participación en la toma de decisiones de “expertos en salud” (profesionales, pacientes, industria, etc.), junto a la Administración Pública, y basado en criterios técnicos.

En los últimos años, se han producido avances importantes en el cambio de modelo de negocio, si bien consideramos que deben seguir dándose pasos de innovación y adaptación al cambio. Entre otros, proponemos los siguientes:

* Definir los “Agentes de Interés” y las maneras de abordar el nuevo marco de relación con ellos: usuario (paciente), prescriptor (médico), pagador (CCAA), intermediario (oficina farmacia y distribución) y regulador de precios y autorizaciones de uso (Estado).
* Establecer planes de negocio realistas teniendo en cuenta factores económicos y de oportunidad en un mercado cada vez más regulado e intervenido (los antiagregantes, estatinas o anticoagulantes orales han sido ejemplos de productos con problemas de implantación y uso generalizado).
* Explorar modelos de contratación por resultados o riesgo compartido en todas sus modalidades.
* Cambiar la estructura de la Industria para rebajar los costes internos mejorando la gestión de procesos y la eficiencia interna, ya sea con procesos de “outsourcing” de tareas “no-core” o por reingeniería para simplificación de procedimientos.
* Anticipar el cambio por apertura de un debate del sector que permita la identificación de elementos innovadores que contribuyan a mejorar las expectativas de éste.

Desde una visión externa e interna abordada a partir de varias posiciones, y probablemente asesorada por elementos de apoyo a la gestión que permitan una estrategia definida, es posible profundizar en las cuestiones anteriormente expuestas,  y sólo si la Industria es capaz de permitir este debate podrá adaptarse a un mundo de relaciones donde el beneficio de las empresas estará limitado a lo presupuestado.

¿Qué dudas se plantean?
Todos los actores involucrados en este proceso de cambio desconocen hacia donde se dirigen y asisten, con gran preocupación, al futuro, planteándose diferentes cuestiones de difícil respuesta:

* ¿Cómo van a hacer frente las Administraciones a la factura farmacéutica sin generar deuda?
* ¿Cómo van a innovar las empresas en el medicamento si el escenario va  a ser un gasto fijo anual?
* ¿Va a ser el pagador el que decida el producto?, ¿lo va a seguir haciendo el prescriptor? y ¿cómo se va a regular su participación en el uso eficiente del medicamento?
* ¿Va a cambiar el papel del usuario final (paciente) en la elección del producto?

Estas dudas, y muchas más, acechan a este complejo sector económico de la salud y por desgracia aún no han sido abordadas de una forma objetiva.

Propuesta de valor
El abordaje de un escenario como el descrito es sumamente complejo y requiere de esfuerzos y sinergias compartidas. Como anticipo al sinfín de acciones necesarias a adoptar por los diferentes actores y sectores involucrados, creemos que es necesario establecer un punto de partida para elaborar un nuevo modelo de relación entre la industria farmacéutica y las administraciones, mejorando el acceso a la innovación terapéutica a través de nuevos modelos de contratación.  Para ello,  proponemos la creación en esa materia de un Observatorio de investigación, análisis, debate y toma de decisiones, que cuente con un panel de expertos y permita analizar el entorno y construir un escenario de futuro (ya presente).  Este panel de representantes involucraría a diferentes sectores: farmacéuticos, gestores y evaluadores de la Administración central y autonómica y prescriptores, cuya actividad dentro del Observatorio, será la de analizar, debatir y confeccionar un escenario consensuado de afirmaciones y recomendaciones que arroje nuevos elementos de juicio para el futuro.