Todo ha comenzado por una querella interpuesta por la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública), asesorados por diferentes Catedráticos de Hacienda Pública y de Derecho Fiscal. Se han vertido acusaciones a los farmacéuticos de generar dinero negro, conculcar la Ley del Medicamento y defraudar en el IVA, denunciando que las bonificaciones, prohibidas por Ley, no están controladas ni por la Hacienda Pública ni por las Autoridades Sanitarias.

Ya la Real Orden de 21 de abril de 1.928 indicaba "Queda totalmente prohibida la venta de especialidades farmacéuticas a precio distinto del fijado y el reparto de ninguna bonificación que burle lo expresado". Todas las legislaciones establecen que no se puede burlar el descuento que marca el BOE con bonificación alguna.

La normativa vigente establece sanciones que llegan a la inhabilitación a laboratorios y farmacias para establecer conciertos y contratos con la Administración Pública, por ello los Inspectores de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, así como las Autoridades Fiscales se han lanzado a trabajar en el tema. Asimismo, se han presentado las denuncias judiciales pertinentes para que el asunto sea investigado en los Tribunales. El prestigioso Doctor Carlos Ponte considera que se ha creado una bolsa de dinero negro de 120 millones de Euros en el conjunto del país.

Carecía de sentido que el Gobierno marcase un margen estricto y posteriormente fuese burlado por la vía de las "bonis"; el medicamento no debe ser susceptible de mercadeo, el criterio técnico debe presidir en todo momento el acto de dispensación, velando por el fundamento técnico de las prescripciones, y totalmente al margen de consideraciones mercantilistas o economicistas; el tratamiento de la salud de las personas exige una gran ética profesional.

La polémica viene de hace tiempo, hace años cuando el Parlamentario Hernández Guimerá preguntó al presidente de una de las primeras distribuidoras farmacéuticas del país en el Senado sobre estas bonificaciones, muy ágilmente pasó de puntillas, la respuesta fue: "Existen unas bonificaciones, que evidentemente están regidas por la transparencia del mercado, que son similares en toda Europa, y que en España están justificadas porque no conozco ninguna sociedad de capital farmacéutico ni ninguna Cooperativa que reparta beneficios de ningún tipo a final de año". Semejante filigrana dialéctica molestó a algunos senadores.

El tema de las bonificaciones, como tantos otras en la farmacia española, tenía que haber sido más transparente, (el que escribe puso de manifiesto la irregularidad de esta práctica hace ya cuatro años) se trataba de una práctica "prohibida pero tolerada", como tantas otras. Pero lo más grave es que se está poniendo en tela de juicio la honorabilidad, fama, crédito profesional e imagen pública de las farmacéuticas y los farmacéuticos. La reputación profesional del farmacéutico es un bien sumamente valioso, y al mismo tiempo muy frágil.

Se está generando un considerable alboroto, en el que se mezclan desordenadamente diferentes Asociaciones, periodistas, políticos y espontáneos diversos, dando pie para que arrecien las campañas de desprestigio contra el colectivo.

Recientemente se publicó un artículo en el diario "El Mundo" en el que se decía: "Sanidad paga a las farmacias por genéricos que les regalan los laboratorios, los medicamentos genéricos se están convirtiendo en algo más que la panacea para muchas farmacias. Por un lado reciben medicamentos regalados por los laboratorios, y por otro están sustituyendo unos genéricos por otros. Ambas prácticas son ilegales. Además, en algunas farmacias se realizan sustituciones masivas, lo que legalmente sólo se permite de forma excepcional. Compran 2 y les regalan 4. Seis envases que la Administración y los ciudadanos pagarán religiosamente. Dado que estas ofertas no están permitidas por la legislación, la AESEG (Asociación Española de Fabricantes de Especialidades Genéricas) exige al Ministerio de Sanidad que lance a sus inspectores en persecución de este fraude".

Desde la Dirección General de Farmacia se reconoce la existencia del problema de las sustituciones irregulares y asegura que ya ha puesto a sus inspectores a trabajar. En cuanto a las ofertas de los laboratorios, oficialmente se dice desconocer su existencia, aunque sean "vox populi" en el sector.

La noticia seguía en El Mundo: "Los Colegios de Farmacéuticos, por supuesto, no saben nada del asunto. "No tenemos conocimiento"..."puede que algún laboratorio lo haga"....."a lo mejor farmacias muy grandes"....Es lo más que reconocen y, por supuesto, a micrófono cerrado.

Pero el presidente de la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública), Marciano Sánchez-Bayle, mostró numerosas hojas de promoción de laboratorios y distribuidoras en que se ofrecían bonificaciones de hasta el 120% (pagar 5 y recibir 11).

Ante este panorama bochornoso, la clase farmacéutica está aterrada, su intimidad es exhibida bajo llamativos titulares, sus pasos espiados y anotados en dossieres que gravitan sobre su futuro, parece como si su existencia se hubiese transformado en un escaparate tras cuyo cristal hay muchedumbres de ciudadanos curiosos y burlones que hacen muecas de asombro y disgusto.

Para el Ministerio de Sanidad, la actuación es claramente ilegal. "Quien ofrezca o admita bonificaciones incurre en falta" afirma la última circular de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Quienes acepten estos incentivos están vulnerando el margen prescrito por la Ley. Recalcan que este tipo de operaciones comerciales no reporta ningún beneficio ni al usuario ni al Sistema Nacional de Salud, que paga un precio fijo por el medicamento.

Sin embargo el presidente de Fedifar (Federación de Distribuidores de Farmacia), Jordi de Dalmases, manifestó su desacuerdo con esta interpretación. "Las bonificaciones no están explícitamente prohibidas". Y la Secretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos dijo que las farmacias no reciben "ni incentivos ni primas" (sic).

A todo esto, los Colegios de Valencia y Madrid presentan una querella criminal contra la FADSP, alegando que todas estas acusaciones son falsas, que la oficina de farmacia es el sector más transparente que existe, que todos los medicamentos que dispensan las oficinas de farmacia figuran en las facturas de los almacenes de distribución, y son, por tanto fiscalmente comprobables.

Parece como si los dirigentes de los farmacéuticos (que no los farmacéuticos dirigentes), derrotados en el mundo de las ideas, intenten sustituir las ideas por palabras y los razonamientos por malabarismos icónicos; acorralados en el terreno de los hechos, se intentan transmutar los hechos en espejismos.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid hizo público, que se ha admitido a trámite la querella criminal que presentaron contra la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), a la que acusan de calumnias y de injurias graves.
El Colegio tachó de falsas todas las acusaciones y aseguró que "los farmacéuticos no pueden defraudar el IVA porque no lo liquidan". También se añadió que "establecer una conexión entre la existencia de descuentos o bonificaciones y la generación de dinero negro no es posible ya que la Hacienda Pública mantiene un control exhaustivo en la actividad farmacéutica".

Debo confesar mi absoluta perplejidad ante planteamientos de esta naturaleza, y por la utilización de líneas argumentales tan toscas. Hay que reconocer que la presente hora de la farmacia no se caracteriza precisamente por su grandeza.

Por su lado, la nueva ministra anuncia la reforma de la Ley del Medicamento, para eliminar cualquier ambigüedad que hubiera podido producirse en el tema de las bonificaciones.

Antes de que la crisis de la profesión provoque enfrentamientos irreversibles y la pérdida de referentes éticos genere un clima desatador del "sálvese quien pueda" como en Navarra, (donde la profesión se ha roto en dos fragmentos y se ha izado la bandera negra con las tibias cruzadas); necesitamos decisión, ambición, grandeza y coraje.

Hay que recuperar el mínimo nivel de dignidad colectiva exigible a una profesión cargada de pasado, que no merece su presente y que está dotada de energía suficiente para afrontar su futuro.

Resulta fundamental que no se vuelvan a producir episodios tan lamentables, ya no sirven retoques epidérmicos o pequeñas reformas, tímidas y tardías, que revelan un desconocimiento profundo de las causas estructurales del deterioro de la profesión.

Tal vez parte de los problemas vienen por el diseño de la remuneración; los ingresos del farmacéutico sólo varían en función de las ventas, no se prima la represión de la automedicación, ni la orientación al paciente o la labor de farmacovigilancia, simplemente se trata de hacer la caja de recetas, cuanto más grande, mejor.

La etapa de crecimiento y espumante prosperidad con que la farmacia se embriagó en la última década, sin acometer ninguna medida de saneamiento, que la profesión estaba pidiendo a gritos, nos ha de servir de lección en la hora del presente; las grandes reformas siguen pendientes, podría llegar una severa ración de severidad, para la que ya no valdrán ni demagogias recurrentes ni salidas fáciles.

Se quebró la confianza de los ciudadanos en la farmacia con la venta de los ignominiosos productos milagro, hoy son las bonificaciones, mañana será la venta de especialidades sin la exigencia de la preceptiva receta médica, pasado mañana la práctica de "adelantar" la medicación etc... Pero esta tarea de regeneración exige una corporación fuerte y una enorme capacidad de comunicación para despertar a una farmacia aletargada por décadas de anestesia. La profesión no puede ser prisionera de intereses corporativos, a veces da la impresión que las Altas Instancias Farmacéuticas se muestran impotentes para ordenar y estabilizar el diseño definitivo de la profesión.

Durante unos años se ha tenido la perspectiva equivocada de que los intereses de farmacia y sociedad son divergentes; esto ha generado en la población frialdad y recelo hacia las farmacéuticas y farmacéuticos. Hemos de asumir que farmacia y sociedad tienen intereses abrumadoramente coincidentes, hay que aplicar solvencia moral, categoría intelectual y rigor de conocimiento. La profesión no se puede preocupar sólo de recibir buenos réditos a corto plazo, hace falta un afán constructivo y leal de defenderla, y aunque los costes de la transición sean eventualmente altos, los beneficios esperados serán muy sustanciosos.

La profesión debe salir a la calle con traje nuevo, colonia fresca en el pañuelo y una flor en el ojal. La conclusión no puede ser más que una: Manos a la obra.