Notificaciones administrativas por correo certificado con acuse de recibo

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13 Feb. 2004
Notificaciones administrativas por correo certificado con acuse de recibo

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Noviembre de 2003, fijando doctrina legal en relación con el Art. 58.4 de la Ley 30/1992, BOE No. 4, de 5 de Enero de 2004.

En Julio de 2002, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián anuló una multa por entender que la notificación de la resolución se realizó una vez finalizado el plazo de 6 meses que la Ley establece para la conclusión de un expediente sancionador.

Dicha notificación había sido intentada por dos veces mediante correo certificado con acuse de recibo. Al no ser posible completarla de este modo, se procedió a notificar la multa mediante un anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. La publicación tuvo lugar a los 6 meses y dos días desde la fecha de la denuncia, razón por la que el Juzgado estimó caducado el expediente.

La Diputación Foral de Guipúzcoa, que fue quien había impuesto la sanción, interpuso Recurso de Casación en interés de ley por considerar que la sentencia era errónea y gravemente perjudicial para el interés general.

Al respecto de la cuestión, el Artículo 58.4 de la Ley 30/1992 dispone que "a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado".

La Diputación sostuvo ante el Tribunal Supremo que si en el expediente consta debidamente acreditado el intento de notificación por correo certificado con acuse de recibo dentro del plazo máximo de duración del procedimiento (6 meses en este caso), la obligación de notificar la resolución dentro de dicho plazo debe considerarse cumplida, sin que deba acudirse a la fecha en la que la notificación se publicó en el Boletín Oficial como consecuencia precisamente de que el intento de notificación fue fallido.

El Ministerio Fiscal, por contra, entendía que sólo a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial podía considerarse cerrado el procedimiento.

El Tribunal Supremo decide a favor de la tesis de la Diputación Foral después de realizar un análisis completo del Artículo 58.4 de la Ley.

En su fallo, el Tribunal señala que para entender cerrado un procedimiento administrativo dentro del plazo máximo que la ley le asigne, es suficiente el intento de notificación por cualquier medio legalmente admisible, aunque resulte frustrado finalmente, siempre que se practique con todas las garantías legales. En todo caso, en el expediente administrativo en cuestión deberá quedar constancia de dicho intento frustrado.

En relación con las notificaciones por correo certificado con acuse de recibo, el intento de notificación queda culminado, en el momento en que la Administración reciba la devolución del envío, por no haberse logrado practicar la notificación, siempre que quede constancia de ello en el expediente.



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