La doctrina del Tribunal Supremo sobre interés legítimo y la posibilidad de recurrir actos de la administración

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30 Mar. 2009
La doctrina del Tribunal Supremo sobre interés legítimo y la posibilidad de recurrir actos de la administración

La Sentencia de 16 de Diciembre de 2008 ofrece algunas ideas respecto de cuándo se pueden recurrir los actos administrativos que benefician a un competidor

Antecedentes

Esta Sentencia trata sobre si el denunciante de una infracción administrativa cometida por otra puede recurrir ante los Tribunales si la administración decide no iniciar un expediente sancionador. El Tribunal repasa su doctrina relativa a quién puede interponer un recurso contencioso-administrativo contra actos de la administración, un tema que hoy afecta especialmente a las compañías que quieren recurrir la concesión de autorizaciones de comercialización a sus competidores genéricos. La sentencia niega el derecho del denunciante a recurrir ante los Tribunales, pero al repasar la doctrina sobre el interés legítimo ofrece algunas ideas interesantes.

Para recurrir es necesario un interés legítimo

La regla básica es que pueden interponer recursos judiciales contra actos administrativos quienes tienen un interés legítimo en el caso en cuestión. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés directo que se exigía hace unos años, y debe valorarse caso por caso.

La jurisprudencia señala que ostentan interés legítimo en un caso quienes se encuentran en una situación jurídica individualizada, distinta de la situación jurídica que otros ciudadanos pueden tener respecto de la misma cuestión. El Tribunal añade que existe interés legítimo cuando la estimación del recurso produce un beneficio o evita un perjuicio a la persona que lo interpone. El beneficio o perjuicio debe ser cierto y efectivo, pero no es necesario que sea inmediato.

Aplicando estas ideas a los procedimientos sancionadores, el Supremo considera que normalmente la imposición de una sanción al denunciado no produce un efecto positivo para el denunciante; pero reconoce que en algunos casos puede ocurrir que el inicio de un expediente sancionador sí beneficie al denunciante (por ejemplo, si la sanción le permite reclamar una indemnización al denunciado). En estos casos, el denunciante tendrá legitimación para recurrir.

En el caso de compañías que quieren recurrir la concesión de autorizaciones a sus competidores genéricos, es indudable que la decisión administrativa les afecta de forma real y efectiva; y que se encuentran en una situación distinta de la del resto de compañías aunque sólo sea porque son los datos contenidos en sus dossiers de registro los que se utilizan para autorizar el genérico y por el efecto que se deriva de las reglas de la sustitución.

Conviene también recordar, por otro lado, que el mismo tema puede afectar en un futuro próximo a las compañías de genéricos que quieran cuestionar el otorgamiento de un año adicional de protección de datos a una indicación que supuestamente aporta un beneficio clínico significativo en comparación con las terapias existentes. En fin, que nadie se crea que defendiendo hoy la postura que más le conviene a corto plazo está asegurando su futuro.

 




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