La Comisión Europea (CE) anunció esta semana la apertura de una investigación formal a la compañía farmacéutica danesa Lundbeck y a otros cuatro grupos de empresas del sector, al sospechar que habrían pactado retrasar la distribución de versiones genéricas del antidepresivo citalopram.
La CE ha enviado una declaración de objeciones -una solicitud formal de información- a las empresas en cuestión, el primer paso de los procedimientos del Ejecutivo comunitario ante prácticas contrarias a la competencia, según explicó en un comunicado.
La solicitud ha sido enviada a la citada empresa y a Merck KGaA, Generics UK, Arrow, Resolution Chemicals, Xellia Pharmaceuticals, Alpharma, A.L. Industrier y Ranbaxy, pertenecientes a los grupos farmacéuticos que participaron en el supuesto acuerdo.
Bruselas sospecha que las compañías pactaron para "evitar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos más baratos", lo que supone una violación de la normativa comunitaria.
En particular, Lundbeck habría acordado con las otras farmacéuticas la venta de citalopram genérico a condición de que sus patentes hubieran expirado.
Las otras empresas recibirían "sustanciales transferencias de valor" de Lundbeck, incluyendo pagos directos, a cambio de abstenerse de entrar en el mercado dentro de los plazos pactados, lo que "podría haber retrasado la aparición de genéricos durante dos años, aumentando el precio de la medicina", según la CE.
Este tipo de prácticas suponen una restricción de la competencia que infringe la normativa comunitaria y causan "un daño sustancial a los consumidores", señaló la Comisión.
El Ejecutivo comunitario, que ya abrió una investigación formal a Lundbeck por el mismo motivo en 2010, señaló que la solicitud de información "no prejuzga el resultado final" de la misma.
Las compañías afectadas deberán enviar ahora sus explicaciones a Bruselas, tras lo que la CE concluirá si cuenta con pruebas suficientes de que se han producido infracciones de la normativa comunitaria.
Si se confirma el incumplimiento, la Comisión impondría multas a las compañías por un montante máximo del 10 % de su facturación mundial anual.
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