La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha propuesto la creación de una empresa pública farmacéutica para asegurar el abastecimiento de fármacos necesarios y eficaces, "evitando los que se producen por intereses económicos de las empresas farmacéuticas".

Esta es una de la seis propuestas del informe 'Reflexiones y propuestas sobre la política farmacéutica', donde analiza la situación de la industria y la "dependencia" de algunos países a este sector que acusa de ejercer "presión propagandística". "Fuerzan las legislaciones nacionales e internacionales para favorecer sus intereses, aunque sea a costa de la salud y la vida de millones de personas", afirman.

Así, propone modificar los criterios de la financiación pública y la fijación de precios, para que estos incluyan criterios que tenga en cuenta los costes reales de la investigación y producción. "Existen algunos mecanismos que deben de plantearse como las subastas de medicamentos para abaratar los precios, revisiones de los precios abusivos, los precios por equivalentes terapéuticos, los contratos de riesgos compartidos e incluso la denuncia de las patentes cuando las empresas quieran imponer precios abusivos e irracionales valiéndose de su situación de monopolio", explican.

Por otro lado, recomiendan fomentar el uso racional del medicamento para lo que es precisa la creación de agencias de evaluación y una muy activa política sobre los prescriptores de formación y evaluación independiente de la industria, de utilización de la medicina basada en la evidencia y de prevención del uso inapropiado de los mismos.

Complementario a lo anterior, aconsejan realizar un "control estricto del marketing y la información realizada por la industria y su financiación de eventos 'científicos'".

Además, ven necesario desarrollar la investigación pública tanto para orientarla hacia los principales problemas de salud como para desarrollar patentes públicas que permitan escapar de la asfixia económica de las patentes privadas; y eliminar los copagos del RDL 16/2012 para acabar con las barreras económicas para el acceso de medicamentos necesarios.

"Algunas de estas medidas son fáciles de implementar y otras tienen una eficacia más a medio plazo, pero lo que es evidente es que hay que plantarle cara a la industria farmacéutica y anteponer el derecho a la salud a los desproporcionados beneficios empresariales", añade.