En España casi 1.000.000 de personas toman anticoagulantes orales a diario. La mayoría son mayores de 65 años y polimedicados. Esta cifra aumenta cada año por el envejecimiento de la población y el aumento de los factores de riesgo vascular. Está demostrado que un mal control de los anticoagulantes orales provoca un aumento de la mortalidad de los pacientes del 2%, lo que hace necesario un análisis riguroso y detallado de las causas, que son, en muchos casos, evitables. La farmacia comunitaria tiene mucho que aportar en este control del paciente anticoagulado dada la cercanía y la proximidad a estos pacientes crónicos que acuden mensualmente a su farmacia a retirar su medicación. Así lo reclaman los pacientes.

Y es que han sido las organizaciones de pacientes las que han tomado las riendas y han puesto sobre la mesa el problema. El objetivo: encontrar la solución y cambiar estas inercias instaladas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que se traducen en pérdidas de vidas o complicaciones innecesarias. La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) ha reunido a un panel sanitario multidisciplinar de especialistas en el manejo de pacientes anticoagulados junto con los pacientes. Este panel ha evaluado la situación actual, detectado puntos de mejora y definido acciones concretas para paliar el mal control del paciente anticoagulado en España. Su trabajo se ha reflejado en el Manifiesto para el buen control del paciente anticoagulado.

“Somos conscientes de que es imposible obtener resultados excelentes, principalmente porque en este tratamiento existen muchos factores condicionantes. Sin embargo, debemos actuar para mejorar las cifras que hoy por hoy evidencian los estudios. Esto pasa por mejorar el control de los pacientes anticoagulados con AVK (anticoagulantes tradicionales, inhibidores de la vitamina K) y corregir los errores observados en la anticoagulación con ACOD (anticoagulantes de acción directa). En definitiva, aplicar las recomendaciones de la AEMPS”, subraya este manifiesto.

El primer escollo que habría que superar es el incumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Su causa no es única, aunque el análisis define como causas principales la falta de información del paciente sobre su tratamiento y las consecuencias de no consumirlo, la falta de cultura de autocuidado de la salud, menos controles de los precisos por parte de los profesionales sanitarios y la exclusión de la cadena de cuidados de la farmacia comunitaria.

Según uno de los miembros del panel de expertos del que nace el documento, Jesús Gómez, ex presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y actual presidente ejecutivo de la Fundación SEFAC, la farmacia comunitaria tiene una labor “fundamental en información y seguimiento, y en detectar resultados adversos de la medicación”. “Ahí podemos colaborar con el prescriptor”, asegura. Además, estos centros sanitarios podrían contribuir a “garantizar la educación del paciente sobre su tratamiento y la relación con su enfermedad”.

El manifiesto incluye en este apartado el importante papel que la farmacia comunitaria puede jugar en la mejora de la adherencia a través de la detección de errores de medicación, interacciones con otros fármacos y otras deficiencias similares. La farmacia comunitaria “debe poder acceder a la historia clínica para el desarrollo de esta función en el circuito asistencial”, como colaboradora del profesional médico y la enfermera.

Como explica Gómez, “en SEFAC, consideramos que quién entra en una farmacia debe salir con más conocimiento e información del que tenía”. “Somos un centro de salud y tenemos unos objetivos de salud pública”, subraya.
El representante de SEFAC ha explicado que desde la farmacia comunitaria dan tres servicios básicos ligados directamente con los anticoagulantes. Primero, la dispensación, “acto en el que debemos asegurarnos de que la persona conoce la medicación, para qué sirve cómo y cuándo debe tomarla, pues la mayoría de pacientes que los consumen son polimedicados y pueden ser adherentes a un fármaco y no a otro”, explica. La segunda es la indicación farmacéutica, “que son las consultas que se producen en la farmacia sobre salud y, para responder, debemos saber qué medicación se está tomando”. Y, por último, el seguimiento farmacoterapéutico: “En SEFAC, hemos creado nuestra propia historia clínica donde registramos, con el consentimiento del paciente, toda la medicación, síntomas menores, resultados negativos a la medicación, etc”.

El adecuado manejo del paciente anticoagulado también choca contra la barrera burocrática. La dispensación de ACOD está sujeta a visado en todas las CCAA y en Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Canarias el médico de familia no puede visarlo, lo que dificulta aún más su acceso. “Hay pacientes que tras salir del hospital un viernes con un ACOD prescrito no pueden retirar de la oficina de farmacia su tratamiento hasta no obtener el sello del visado, dejando al paciente desprotegido (sin acceso al tratamiento) por un proceso burocrático”, describe el manifiesto.
El documento propone, entre otras medidas, que todos los niveles asistenciales accedan a la historia clínica, incluyendo a la farmacia comunitaria; y que el hospital facilite al paciente al alta medicación suficiente para continuar su tratamiento hasta la obtención del visado o su eliminación.

Por último, el manifiesto aborda con más detalle la cuestión del seguimiento, principalmente en lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT), emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La formación de los profesionales sanitarios sería la última pieza de esta pirámide para mejorar la atención al anticoagulado en España con dos puntos fundamentales: desarrollar un material informativo para profesionales sobre el cumplimiento de las guías de práctica clínica y las recomendaciones de la AEMPS; y potenciar la formación continuada de médicos de familia y especializada en el control y seguimiento de la anticoagulación.

FEASAN va a presentar este documento al Ministerio de Sanidad y a las CCAA y organizaciones profesionales relacionadas con el manejo del paciente anticoagulado con el objetivo de materializar avances en los próximos meses. Es “urgente que las CCAA y el Ministerio de Sanidad revisen el sistema de seguimiento del tratamiento anticoagulante oral para evitar riesgos”, asegura su presidente.