Modificación de la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista.

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24 Abr. 2003
Modificación de la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista.

Transposición a la legislación española de la Directiva 97/7/CE en materia de contratos a distancia, y adaptación de diversas Directivas comunitarias.

Introducción

La Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia regula una materia que, de hecho, ya estaba parcialmente incluida en la Ley 7/1996, al menos en sus aspectos más destacados (tales como la prohibición de envíos no solicitados, el derecho de desistimiento del contrato en un plazo de 7 días, el pago mediante tarjeta, etc.).

Ello era así porque el legislador español ya incorporó a nuestro derecho el contenido del proyecto de Directiva tal y como se había presentado en 1996. Esta circunstancia, sin embargo, no evita que sea ahora necesaria la correcta y total transposición de la Directiva.

Mediante la Ley que comentamos se adaptan también algunos aspectos de las Directivas 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y garantías de los bienes de consumo, y 2000/35/CE de medidas de lucha contra la morosidad. Ello no obstante, ambas Directivas deberán ser transpuestas en su momento.

Modificaciones a destacar

El principal objetivo de esta reforma es incrementar la protección e información de los consumidores, adaptando asimismo a la legislación actual la utilización de varias técnicas de comunicación a distancia.

En este sentido, uno de los aspectos más destacados de la reforma es el incremento en la cantidad y calidad de información que el vendedor debe dar al consumidor.

Así, por ejemplo, debe informarse al consumidor de la existencia de un derecho de desistimiento y de las modalidades de su ejercicio, de la duración mínima del contrato en los casos de suministro de productos cuya ejecución sea permanente, de la indicación de si el vendedor está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos, y de las condiciones en que puede rescindirse el contrato en los casos de duración indeterminada o superior a un año, entre otros.

La nueva Ley establece que el consumidor tiene derecho a resolver el contrato en caso de incumplimiento del deber de información por parte del vendedor.

El consumidor dispone de un plazo de 3 meses desde el momento de la entrega del bien para ejercitar este derecho. En este caso, el vendedor estará obligado a devolver las sumas abonadas sin retención de gastos.

Finalmente, destacaríamos también que se prevé expresamente que en relación con la contratación por medios electrónicos se aplicará de forma preferente la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.



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