La Administración está obligada a demostrar la existencia de un riesgo real si restringe la libre circulación de complementos alimenticios

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31 Mar. 2004
La Administración está obligada a demostrar la existencia de un riesgo real si restringe la libre circulación de complementos alimenticios

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de febrero de 2004, Asunto C-24/00, Comisión de las Comunidades Europeas vs. República Francesa.

Antecedentes

Esta Sentencia del TJCE da respuesta al recurso planteado por la Comisión en enero de 2000, a raíz de diversas denuncias contra Francia por prohibir la comercialización de ciertos complementos alimenticios, productos dietéticos, así como dulces y bebidas enriquecidos con sustancias nutritivas, procedentes de otros Estados miembros.

Como es sabido, el artículo 30 del Tratado CE, permite adoptar medidas restrictivas de la libre circulación de mercancías cuando la medida se justifique en razones de protección de la salud y vida de las personas. En este contexto, el interés principal de la Sentencia reside en que el TJCE condena a la República Francesa por motivar las prohibiciones en que las sustancias nutritivas añadidas a dichos productos carecían de interés nutricional.

Los argumentos de las partes

En su recurso ante el TJCE, la Comisión argumentó que los Estados miembros no tienen derecho a prohibir la comercialización de estos productos, basándose en la carencia de interés nutricional de las sustancias, si no demuestran la existencia de un riesgo cierto para la salud pública.

Por su parte, la República Francesa alegó que las prohibiciones se basaron en dictámenes de sus autoridades científicas que valoraron la inocuidad de las sustancias añadidas en función de las necesidades nutricionales de la población.

La autoridad sanitaria debe demostrar la existencia y alcance del riesgo

El TJCE declaró que, para que la excepción del artículo 30 citado resulte aplicable, el Estado miembro deberá demostrar fehacientemente que la comercialización del producto supone un riesgo real para la salud pública. Por tanto, el criterio de la necesidad nutricional de la población, y la falta interés de las sustancias, no pueden justificar por sí solos la prohibición.

El análisis del riesgo deberá detallar, teniendo en cuenta los hábitos alimentarios nacionales y los más recientes resultados de la investigación científica internacional, el grado de probabilidad de que las sustancias tengan efectos nocivos para la salud, así como la gravedad potencial de tales efectos. Incluso cuando el análisis del riesgo ponga de manifiesto una incertidumbre científica acerca de su existencia o alcance, la adopción de medidas restrictivas en aplicación del principio de cautela no puede basarse en consideraciones puramente hipotéticas.

Asimismo, tampoco cabe justificar la prohibición en la veracidad de las alegaciones del comercializador sobre la utilidad o beneficio de la sustancia, en la medida que la protección del consumidor puede asimismo lograrse mediante medidas menos restrictivas tales como un etiquetado adecuado.



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