El incumplimiento del derecho comunitario puede salir muy caro.

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04 Oct. 2005
El incumplimiento del derecho comunitario puede salir muy caro.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 12 de Julio de 2005, Asunto C-304/02, Comisión c. Francia.

Ahora que nos encontramos inmersos en los trabajos de incorporación al derecho español de las disposiciones contenidas en la Directiva 2004/27/CEE, es un buen momento para comentar esta reciente sentencia, que versa sobre una de las consecuencias que puede tener el incumplimiento del derecho comunitario.

Como es sabido, las directivas europeas obligan a los Estados Miembros a adaptar sus legislaciones a lo establecido en la directiva, adaptación que debe realizarse fielmente y dentro de un plazo determinado con el fin de lograr el objetivo de las directivas, que es la aproximación de las legislaciones nacionales en una determinada materia.

El incumplimiento de estas obligaciones, sea por no cumplir el plazo establecido o por no ajustarse la norma nacional a lo dispuesto en la Directiva, puede acarrear consecuencias diversas.

Entre estas consecuencias destaca que en algunos casos, en aplicación de los principios de primacía y efecto directo, los particulares y las empresas tienen derecho a apoyarse directamente en las disposiciones de la Directiva y a exigir que la administración no aplique las normas nacionales contrarias al derecho comunitario. Por otro lado, el incumplimiento por el Estado puede suponer el inicio de un procedimiento ante el TJCE si la Comisión Europea u otro Estado miembro deciden demandar al infractor.

Las Sentencias que dicta el TJCE en estos casos son de cumplimiento obligatorio. El Artículo 228 del Tratado así lo establece señalando también que si el TJCE declara que un Estado miembro ha incumplido lo dispuesto en una sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

En España tenemos alguna experiencia al respecto. En Noviembre de 2003, el TJCE condenó a España por no haber ejecutado una sentencia de 1998 que declaraba que nuestro país había incumplido el Tratado al no haber adoptado las medidas para trasponer al derecho nacional las disposiciones de una Directiva sobre la calidad de las aguas de baño interiores. En aquel caso, se impuso a España una multa coercitiva.

En el caso que comentamos, el TJCE condena a Francia por incumplir una sentencia anterior que declaraba que Francia no había respetado las obligaciones de control de las actividades de sus buques de pesca, obligaciones impuestas por un Reglamento europeo. Lo destacable del caso es que el TJCE, dada la gravedad del caso, ha decidido imponer a Francia tanto una multa a tanto alzado como una multa coercitiva. El incumplimiento, en definitiva, costará a los Franceses 20 millones de Euros más casi 58 millones adicionales por cada periodo de 6 meses al final del cual aún no se haya cumplido plenamente la sentencia.



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