Un estado de derecho de impresos y circulares. Hay que seguir insistiendo.

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17 Nov. 2006
Un estado de derecho de impresos y circulares. Hay que seguir insistiendo.

A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de Junio de 2006, BOE No. 172 de 20 de Julio de 2006.

El Real Club Náutico de Gran Canaria solicitó la devolución de unas cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que creía haber pagado indebidamente. Me permito ahorrar los detalles de fondo que no vienen al caso. Lo interesante es que cuando la administración desestimó la petición y el Club acudió a los tribunales, le dieron la razón aplicando al caso concreto los criterios contenidos en una Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJCE) que versaba sobre el mismo tema, sólo que aplicado al IVA y no al Impuesto General Indirecto Canario, que de hecho es poco más que el equivalente al IVA en el territorio insular. En esa sentencia, el TJCE declaraba que cierto artículo de la ley del IVA español era contrario al derecho comunitario.

Una vez el Club Náutico había ganado, el Fiscal decidió interponer un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional alegando que la sentencia previa de Luxemburgo se aplicaba al IVA, no al impuesto canario, y que si el tribunal que dio la razón al Club quería dejar inaplicada una ley nacional por considerarla contraria al derecho comunitario, debía plantear antes una cuestión de inconstitucionalidad o elevar una consulta al TJCE, incluso aunque el redactado de la ley reguladora del impuesto canario fuese idéntico al de la ley del IVA que había quedado anulada tras la sentencia de Luxemburgo.

El Tribunal Constitucional estima el Recurso de Amparo y concluye que el tribunal canario que estimó la pretensión del Club violó el sistema de fuentes de derecho aplicable en España porque los tribunales españoles, según el Tribunal Constitucional, no pueden dejar de aplicar una ley española vigente sin acudir antes al TJCE o al propio Tribunal Constitucional. Ahí queda eso.

La sentencia que comentamos olvida de forma intencionada o negligentemente, que ya desde finales de la década de los 70 se ha sentenciado en Europa, sin el menor atisbo de dudas, que los tribunales nacionales, cuando se enfrentan a un problema de incompatibilidad entre la norma nacional y la europea, deben simplemente dejar inaplicada la nacional, y ello sin necesidad de recurrir a proceso constitucional alguno y sin necesidad tampoco de acudir a Luxemburgo si el Tribunal nacional no lo considera necesario.

Tan claro se dijo entonces que sólo cabe citar literalmente las palabras del TJCE:

El juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del derecho comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas dejando inaplicada, si fuere necesario, en virtud de su propia autoridad, toda disposición contraria de la legislación nacional, incluso posterior, sin que para ello tenga que pedir o esperar su previa eliminación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional.

Vamos, que el Constitucional se ha lucido.



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