Nueva llamada de atención a las autoridades españolas por su política sobre alimentos a base de especies vegetales medicinales

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30 Mar. 2009
Nueva llamada de atención a las autoridades españolas por su política sobre alimentos a base de especies vegetales medicinales

 

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de Marzo de 2009, Asunto C-88/07, Comisión Europea vs. Reino de España

Antecedentes

Hace escasas fechas se ha publicado una sentencia del TJCE en la que vuelve a condenarse a España por incumplir el Derecho comunitario con su política sobre los llamados “productos frontera”. El TJCE se hace eco de las denuncias que, ya desde el año 2003, venían presentando algunas compañías ante la retirada indiscriminada de sus productos a base de plantas medicinales. Denunciaban la existencia de una práctica administrativa generalizada consistente en atribuir la condición legal de medicamento a todo producto alimentario que contuviera especies vegetales medicinales no incluidas en la famosa Orden del año 1973 (incluso aunque se comercializasen en otros Estados miembros como complementos alimenticios o productos dietéticos), y en ordenar su retirada del mercado por carecer de la preceptiva autorización.

Una práctica claramente inadecuada

El TJCE acoge la posición de la Comisión en el sentido de que todo producto legalmente comercializado en un Estado miembro debe poder circular libremente por el territorio comunitario salvo que se acredite fehacientemente que comporta un riesgo para la salud humana.
 
La obligación de probar este riesgo cierto, dictamina el TJCE, recae sobre las autoridades sanitarias. Estas deben valorar caso por caso cada producto, atendiendo a todas sus características y, muy especialmente, a la concentración de sus componentes activos.
 
El mero hecho de que estos productos incorporen una o varias plantas medicinales no justifica que se les aplique automáticamente la “etiqueta” de medicamento, incluso aunque estos componentes formen parte de medicamentos autorizados. El principio de precaución debe aplicarse de forma proporcionada, y sólo estaría justificado impedir la libre circulación de mercancías cuando las sustancias están presentes en una concentración significativa, de forma que el producto es objetivamente apto para desarrollar una actividad propia de un medicamento.
Un toque de atención, también, para la Administración de Justicia
 
La sentencia no sólo supone una llamada de atención a las autoridades sanitarias, sino también a nuestros tribunales de justicia que, incomprensiblemente, validaron la actuación de dichas autoridades pese a que del expediente se desprendía claramente que no se había llevado a cabo un análisis serio del riesgo que supuestamente entrañaban los productos.
 
Las actuaciones de las Administraciones Públicas se benefician de una presunción de legalidad por cuanto se entiende que sirven a los intereses generales. Pero esta presunción no puede convertirse en un cheque en blanco para que las cosas no se hagan con el necesario rigor. Especialmente cuando esta forma de actuar se contradice claramente con las reglas del juego del mercado común; reglas que a estas alturas del partido deberían ser sobradamente conocidas por todos.
 



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