Según las conclusiones del estudio de Investigación social sobre el impacto de las secuelas en las fases subaguda y crónica tras un ictus, la atención integral al ictus pasa por mejorar la protocolización e individualización de todo el proceso rehabilitador, garantizando la continuidad asistencial y la planificación de recursos para la vida después del ictus.

La Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), en colaboración con Ipsen, ha presentado el informe Investigación social sobre el impacto de las secuelas en las fases subaguda y crónica tras un ictus, un documento que analiza la situación actual en la atención a las personas con ictus, desde la visión del profesional sanitario y las personas con secuelas por dicha causa. Este documento recoge también una serie de recomendaciones para avanzar hacia una atención integral del ictus, individualizada y centrada en la persona, que permita mejorar los resultados en salud.

El informe, avalado por la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física y realizado con la colaboración de un comité científico asesor, pone de relieve la importancia de impulsar un abordaje multidisciplinar y coordinado que permita un tratamiento integral desde el inicio y durante todo el proceso. Este estudio ha contado con la participación de 30 médicos rehabilitadores y neurólogos, y más de 100 pacientes de toda España.

El ictus supone un gran desafío de salud pública en todo el mundo. En España, representa la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto. En los últimos años, gracias a la implantación del código ictus en la mayoría de las comunidades autónomas y a una mayor accesibilidad a tratamientos más efectivos, se ha logrado reducir la mortalidad por esta causa. Sin embargo, tal y como evidencian los resultados de este estudio, la falta de protocolos consensuados en las fases subaguda y crónica del ictus, así como la variabilidad de los programas de rehabilitación y la escasez de recursos disponibles hace que muchas de las personas afectadas no reciban una rehabilitación integral adaptada a sus necesidades, generando situaciones de inequidad tanto en el acceso como en la calidad asistencial y social prestada, y dificultando su correcta evolución y adaptación a la vida diaria.

En este sentido, Patricia Simal, miembro del comité científico asesor del informe y neuróloga de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Clínico San Carlos, ha recordado la importancia de “protocolizar las intervenciones en las fases subaguda y crónica, así como mejorar el acceso y la calidad del tratamiento rehabilitador son aspectos fundamentales para que las personas afectadas logren una mayor autonomía y recuperen la máxima capacidad funcional y cognitiva”.

Para ello, y como se recoge en las conclusiones del informe, es fundamental evaluar correctamente las necesidades de rehabilitación (intensidad, duración, etc.) en función de las necesidades de cada persona afectada, de una forma equitativa y con garantías de continuidad, sobre todo, en los casos de fase de crónica. Para lograr esa evaluación es imprescindible mejorar la coordinación entre niveles asistenciales.

Por su parte, Ana Cabellos, presidenta de FEDACE, ha subrayado que “si realmente queremos mejorar la atención a las personas que han sufrido un ictus, es imprescindible incrementar la dotación de recursos económicos y de profesionales sanitarios. Faltan recursos para cubrir las necesidades reales de rehabilitación, tanto de las secuelas físicas, como de las cognitivas, de comunicación o de atención psicológica y de apoyo emocional para los pacientes y sus familias”.

Además, desde FEDACE han recordado que el apoyo a los pacientes debe continuar una vez que han finalizado el proceso de rehabilitación para ayudarles en su reinserción en la sociedad: “Este proceso tiene un gran impacto en su calidad de vida, ya sea a nivel físico (por dificultades en la movilidad y en la realización de actividades diarias), a nivel cognitivo (complejidad para recuperar sus relaciones sociales) o a nivel emocional (aparición de depresión o sentimientos de soledad), unido al gran impacto que esto representa en la economía personal y familiar”.

“Estamos muy contentos de haber colaborado con FEDACE en este informe que, además de recoger la visión de los especialistas con un enfoque multidisciplinar, ha dado voz y mucho espacio a los pacientes. La realidad es que para mejorar de verdad la atención de las personas que han padecido un ictus y sufren secuelas, es fundamental escucharlos, tanto a ellos y como a sus familias para así integrar sus experiencias y conocimientos”, ha explicado Aurora Berra, directora general de Ipsen Iberia.