En los últimos años, las agresiones al personal sanitario se han convertido, lamentablemente, en algo común que aumenta cada año. La relación paternalista y el respeto que existía hacia los profesionales ha ido desembocando en un incremento de la hostilidad y la desconfianza por parte de los pacientes y sus familiares.

Según datos del Ministerio del Interior, desde enero a agosto de este año se han producido 446 agresiones a profesionales, 68 incidentes más que el año pasado en el mismo periodo. Esto supone que, en España, cada día se producen dos agresiones a médicos. Además, según la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), hasta el 85% de los médicos ha experimentado alguna vez episodios de violencia por parte de pacientes o familiares. De hecho, el perfil mayoritario de la víctima es el demujer médico que trabaja en el ámbito extrahospitalario.

En la reforma de 2015 de nuestro código penal  se comenzó a considerar a los profesionales sanitarios que actúan en el ámbito sanitario público como autoridad. De modo que una agresión, intimidación o violencia que sufra un profesional durante su ejercicio en la administración pública, se considera como un delito grave.

Proteger legal y psicológicamente a todos los profesionales de la salud
Sin embargo, el código penal,no contempla estas actuaciones como delito grave dentro de la sanidad privada, al no otorgar a sus profesionales la categoría de autoridad. Portanto, en estos casos, se considerarían delitos leves u otro tipo de delitos, lasamenazas,coaccioneso lesiones, entre otros.

En este sentido, CESM y la Organización Médica Colegial (OMC), recuerdan que el alcance de este artículo penal debe ampliarse para proteger a todos los profesionales, aunque valoran como un paso importante la reforma introducida en el código penal.

Es por ello por lo que se aconseja que el profesional sanitario se ponga en las manos de profesionales del derecho con el fin de que éstos puedan analizar la viabilidad de interponer una denuncia o, por el contrario, llevar a cabo otro tipo de actuación si procede.

Carlos León, director jurídico de DS Legal, ha destacado que ante la anterior situación que no se debe de permitir jamás, es necesario que alguien cuide y acompañe a nuestros médicos y profesionales sanitarios y, a ser posible, “devolvedles lo mucho que nos dan”. Desde este despacho se trabaja, explica, “con la vocación de protección al colectivo sanitario, velando por su seguridad y tratando de evitar que situaciones como esta se repitan”. Asimismo, desde CESM se pide que las administraciones doten de asistencia sanitaria y psicológica a los facultativos víctimas de cualquier tipo de violencia, ya que desde el colectivo sindical se considera que ha de ser la Administración quien persiga de oficio a los agresores.

Unificación de criterios en las sentencias judiciales
Por otro lado, la OMC solicita la creación de un Plan Nacional contra las agresiones a sanitarios y, para ello, demanda una serie de medidas para mejorar el sistema, así como reforzar las medidas preventivas y continuar con las campañas de concienciación a la sociedad. Por último, también solicita desarrollar programas formativos para afrontar estas situaciones.

Del mismo modo, la organización médica persigue la unificación de criterios empleados en las sentencias judiciales, así como rapidez en las mismas. Por ello, hay que potenciar los acuerdos y la comunicación con las Administraciones para el abordaje integral de las agresiones. La irrupción de la violencia en el escenario sanitario es una lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad de los profesionales. En esta línea, CESM pide más medidas normativas y de seguridad, así como conceder a los profesionales la presunción de veracidad al enjuiciar los hechos.

Masificación y recortes, motivos de agresividad de los pacientes
En cuanto a la prevención, CESM exige que se actúe sobre aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y que también está en manos de la Administración sanitaria corregirlo. Entre estos factores hay que destacar la masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos, o la falta de dispositivos de seguridad en los centros.

En relación con ello, apunta que sigue pendiente la elaboración de planes y protocolos integrales de prevención que sean uniformes en todas las CCAA y tengan como objetivo dotar a los profesionales de la sanidad de las medidas de seguridad y la formación necesarias para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.